Il y aura un référendum sur la loi de caducité!

Le nombre de signatures parmi les membres du corps électoral uruguayen nécessaire à la révision par référendum du décret dit loi d'impunité adopté en 1986 a été atteint!
Le référendum aura donc lieu, probablement en même temps que les prochaines élections. Ce vote sera déterminant en ce qui concerne les prochains pas dans la lutte pour les droits de l'homme, et la vérité et justice en ce qui concerne les événements ayant eu lieu pendant le régime militaire en Uruguay entre 1973 et 1985.
Déjà, la semaine dernière 8 militaires et policiers ont été jugés coupables pour leur participation à l'élimination /disparition de 25 Uruguayens dans le cadre du plan Condor (collaboration des dictatures d'uruguay, Argentine, Chili, Paraguay et Brésil dans leur chasse aux dissidents/subversifs ou bien ceux jugés comme tels dans chacun de ces pays pendnat le régime militaire.) Ces militaires ont eu des peines de 20 à 25 ans de prison.

En español (informacion retransmise par l'association Donde Estan, Paris, )

Uruguay- Se superaron las 255.000 firmas
para plebiscitar la anulación de la ley de caducidad !!
30.03.2009 | 7.13
La comisión que impulsa la nulidad de la Ley de Caducidad anunció que fue alcanza la cifra mínima de
firmas que se necesitan para que haya un plebiscito sobre la norma.
El integrante de la comisión Carlos Coitiño dijo este lunes a En Perspectiva que se superaron
las 255.000 firmas y que en el plazo de 25 días se espera llegar a las 300.000 adhesiones.

El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso ayer la condena de ocho militares y policías vinculados con la represión de la dictadura cívico-militar, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real.
El magistrado condenó a los ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada "Plan Cóndor", en la conocida megacausa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.
La sentencia emitida ayer por el juez Charles dispone la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concreta 24 años después de reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, en junio de 1973.
En este sentido, Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años.
La sentencia del magistrado responde al homicidio "en el marco del terrorismo de Estado" de los militantes de izquierda Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, Maria Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.
El fallo reconstruye el secuestro en Buenos Aires de las 28 víctimas por las cuales se condena a los militares, en especial por los casos de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, y sus pasajes por distintos centros ilegales de detención en Argentina y Uruguay.

Plan Cóndor
La sentencia del juez Luis Charles recuerda que los hechos denunciados, el secuestro y traslado ilegítimo al Uruguay de 28 personas, se encuadran dentro del "período dictatorial cívico-militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", en el denominado "Plan Cóndor".
El objetivo central del "Cóndor" era "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región".

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